En guerra con la “desinformación”
Hace un par de meses el Gobierno puso en marcha un plan para luchar contra la desinformación. La encargada sería una comisión permanente formada por los colaboradores más estrechos del presidente del Ejecutivo. En la cúspide estaría Iván Redondo, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y también director del gabinete del presidente Pedro Sánchez en la Moncloa. El objetivo de esta medida es combatir «la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios».
En su defensa, el Ejecutivo expuso que la estrategia está pensada para cuestiones que afecten a la seguridad nacional o para temas relevantes como los que puedan afectar al ámbito de la salud. Además, insistió rotundamente en que la medida no tenía nada que ver con los medios de comunicación, «de hecho, en el texto no se plantea ninguna limitación al derecho de información», se explicó.
A su vez, desde el Gobierno se quiso remarcar que «la finalidad [de la medida] es evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país, pero en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones».
Sin embargo, si se analiza el texto donde se recoge esta propuesta se puede leer lo siguiente en referencia a una de sus líneas de actuación: «fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el de la sociedad civil».
No se puede pretender controlar lo que se publica, pues es un trabajo que les compete a los profesionales de la información
Esta actuación parece un ataque a la libertad de expresión que se camufla muy bien entre los discursos y textos que el Ejecutivo hace públicos. Apena ver cómo un Gobierno formado por partidos tan progresistas lleva a cabo medidas tan disparatadas: no se puede pretender vigilar a los medios de comunicación con la excusa de la desinformación. Muchos periodistas estamos indignados, pues parece que desde la Moncloa se confíe poco en los medios. Su trabajo es filtrar la información que les llega para, justamente, ofrecer los mejores contenidos. Es cierto que, inevitablemente, las orientaciones ideológicas de cada medio influyen en la forma de ofrecer una misma información, pero eso no puede llevar a un control estatal de los medios.
No se puede pretender controlar lo que se publica, pues es un trabajo que les compete a los profesionales de la información. Es cierto que Internet ofrece una amplia posibilidad a personas que no son ni mucho menos periodistas para publicar aquello que se les antoje, pero es ahí donde se debería intervenir. No con comités creados por y para el Gobierno, sino con instituciones propias de la Justicia, para que no parezca que todo lo que se habla en España debe pasar el filtro de los partidos de coalición.
Si lo que preocupa es que la población esté mal informada, se tendría que potenciar la formación de una ciudadanía crítica, que sea capaz de analizar los contenidos que le lleguen y sepa filtrar lo que es cierto de lo que es una falacia. Quizás el Ejecutivo debería centrar sus esfuerzos en reforzar la educación, en crear un sistema educativo de calidad focalizado en el espíritu crítico, en la libertad de pensamiento o en originar lugares donde se pueda debatir libremente de los temas más controvertidos de la sociedad, sin que eso genere un conflicto.
Asimismo, si desde el Gobierno se ofrecieran datos y contenidos transparentes y constantes, los ciudadanos tendrían a su alcance más medios para hacer frente a la desinformación. No obstante, ese ya es otro tema. El Ejecutivo debería crear una sociedad capaz de dialogar y pensar por sí misma con sus propios recursos discursivos. Pese a que esto es una tarea muy compleja, el primer paso para lograrlo no debería ser el control o examen constante de la prensa española.
La base de toda democracia es la libertad de expresión y la libertad de prensa, para obtener así una ciudadanía con criterios y formada. Espero que esta nueva medida no suponga una limitación de libertades en nombre de una supuesta mejor información, pues no se sabe qué es lo que el Gobierno considera una “buena información”.
